La Fiscalía General del Estado ha anunciado que continuará con el proceso penal contra Verónica Abad, actual Vicepresidenta de Ecuador, una vez que termine su periodo en el cargo. Esta decisión se produce después de que la Asamblea Nacional se negara a levantar la inmunidad de Abad, impidiendo así su procesamiento inmediato.
El Pleno del Legislativo decidió este viernes 14 de junio no autorizar el procesamiento penal de Verónica Abad. La intención de la Fiscalía era vincularla al caso “Nene” y procesarla por el presunto delito de concusión.
Tras conocer la decisión de la Asamblea, la Fiscalía emitió un comunicado en el que afirmó su compromiso de continuar con el proceso del caso “Nene” una vez que Abad deje de ser Vicepresidenta. La institución subrayó que actuará “de acuerdo con los recaudos procesales” para aclarar los hechos y determinar responsabilidades, siempre basándose en la Ley y la verdad procesal.
El caso “Nene” comenzó el 22 de marzo de 2024 y está relacionado con Francisco Barreiro, hijo de la Vicepresidenta, quien estuvo en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad La Roca hasta el 7 de mayo de 2024. El proceso se inició tras una denuncia de Romel P., un funcionario de la Vicepresidencia, quien afirmó haber trabajado en el área de Comunicación desde enero a cambio de entregar una cantidad de dinero por el cargo.
Romel P. acusó a Francisco Barreiro y a un supuesto asesor de la Vicepresidenta, Daniel R., de solicitarle un porcentaje mensual de su sueldo (diezmos). Según su versión, la solicitud se hizo en una reunión en un hotel de Quito en enero.
Inicialmente, la Fiscalía procesó a Francisco Barreiro por presunta oferta de tráfico de influencias. Sin embargo, el 10 de junio de 2024, la Fiscalía anunció su intención de cambiar el delito a concusión y vincular a Verónica Abad al caso.
La Fiscalía ha reiterado su intención de procesar a Verónica Abad una vez que termine su mandato como Vicepresidenta. Este caso seguirá siendo una pieza clave en la agenda judicial del país, con el Ministerio Público comprometido a llevar a cabo las investigaciones necesarias para asegurar la justicia.
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