Pese a que miles de solicitudes de baja voluntaria han sido presentadas por miembros de las Fuerzas Armadas, quintuplicando las cifras registradas en 2023, ninguna de estas ha sido autorizada debido al presente conflicto armado interno.
La declaratoria de conflicto armado interno ha obligado a las Fuerzas Armadas a suspender las solicitudes de baja para mantener el número de personal en servicio activo y sostener las operaciones contra el terrorismo. Desde el 9 de enero, cuando el presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las organizaciones criminales, ningún militar con 20 o más años de servicio puede salir de la institución.
La disposición, según el mando militar, se ampara en el artículo 120 de la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, vigente desde enero de 2023. Esta ley establece que se negará la solicitud de baja voluntaria en casos de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.
Desde la mencionada fecha, se ha observado un fenómeno inusitado. En solo cinco meses, se han presentado aproximadamente 6,000 solicitudes de baja voluntaria. Esto representa un incremento del 410% en comparación con 2023, cuando un total de 1,178 militares salieron del servicio (730 del Ejército, 261 de la Armada y 187 de la Fuerza Aérea).
La salida masiva de militares activos no solo afecta las operaciones de las Fuerzas Armadas, sino que también impacta la sostenibilidad de la seguridad social. Las autoridades del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA) han señalado que existe un déficit de USD 2,500 millones, lo que agrava aún más la situación financiera de la institución.
Las Fuerzas Armadas continúan enfrentando desafíos significativos mientras intentan mantener su operatividad en medio del conflicto armado interno, equilibrando la necesidad de personal activo con las presiones financieras y administrativas que conlleva la gestión de un número tan elevado de solicitudes de baja voluntaria.
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