La construcción ha sido tradicionalmente uno de los motores de la economía ecuatoriana. Sin embargo, el sector enfrenta una amenaza creciente: el lavado de activos. Los datos oficiales son solo la punta del iceberg y los controles sobre las empresas formales son vitales, pero la informalidad creciente representa un gran punto ciego.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en 2023, el sector inmobiliario estuvo involucrado en el 15% de las sentencias por lavado de activos, con un monto aproximado de $25 millones al año. Este dato es solo una estimación basada en los casos judicializados, pero la magnitud real del problema es mucho mayor y sigue creciendo.
La informalidad en el sector ha aumentado un 80% en el mercado inmobiliario, según informes de La Hora. Durante la elaboración de la ley reformatoria para la prevención del lavado de activos, se manejó un estimado de $2.000 millones de lavado de activos al año en Ecuador.
Joan Proaño, vocero de Constructores Positivos, alerta que estos miles de millones no solo provienen del narcotráfico, sino también del lavado a través de actividades como la construcción. “Es difícil detectar cuánto dinero se lava porque lo que normalmente se hace es tomar el estimado de cuánto dinero circula en la economía y cuánto de ese dinero se reporta formalmente. La diferencia, es decir, todo lo que no se reporta o no se puede cruzar con otra información, se asume que es lavado de activos. En algunos casos sí puede ser lavado; pero en otros es evasión tributaria”, puntualizó Proaño.
Para enfrentar este problema, las empresas formales deben cumplir todos los requisitos legales y cambiar su mentalidad. Es crucial evitar la normalización de pagos en efectivo por bienes inmuebles, ya que esto facilita el lavado de activos. Proaño recalca que todo dinero recibido debe estar bancarizado previamente.
1. Verificación de clientes: Antes de establecer una relación comercial, se debe investigar cómo pagará el cliente, sus ingresos y la procedencia de sus fondos.
2. Prohibición de efectivo: Debe estar prohibido recibir dinero en efectivo.
3. Monitoreo constante: Vigilar de dónde provienen los fondos utilizados para los pa
4. Capacitación: Educar a los trabajadores sobre la importancia de evitar participar en negocios ilícitos.
5. Colaboración con autoridades: Mantener una comunicación constante con la UAFE y tener un oficial de cumplimiento en cada empresa.
El Gobierno debe enfocarse en controlar la informalidad, que es el mayor punto ciego. La reciente proliferación de compras de inmuebles en efectivo en provincias como Los Ríos y Manabí es un indicio preocupante de actividades ilícitas. El control debe intensificarse en estas zonas para evitar que el sector informal siga creciendo sin supervisión.
Los ciudadanos también tienen un rol crucial en esta lucha. Al buscar una vivienda, deben investigar la procedencia del inmueble y verificar que el vendedor sea una empresa legalmente constituida. Un signo de alerta es cuando una empresa exige o incentiva el pago en efectivo.
Aunque los controles y la debida diligencia reducen el riesgo de lavado de activos, no lo eliminan completamente. Siempre existirá la posibilidad de que el dinero bancarizado haya pasado por un proceso previo de lavado. Por ello, es esencial mantener las alertas en el sistema financiero y reforzar los controles en todos los niveles.
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