El Presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la ceremonia de inicio de la nueva prisión en Santa Elena, aunque los trabajos comenzarán la próxima semana. Familias de comuneros afectados reclaman la propiedad de tierras ancestrales, lo que ha generado divisiones y controversias.
**Santa Elena, Ecuador** – Estacas pintadas de rojo y trochas abiertas en una zona de cerros entre ceibos del bosque seco tropical son los únicos indicios de la futura “Cárcel del Encuentro” en la provincia de Santa Elena. Esta mañana, el presidente Daniel Noboa lideró el acto simbólico de inicio de obras, aunque no había presencia de personal militar ni contratistas en el lugar.
Durante la ceremonia, se escucharon gritos de “no queremos cárcel” desde un cerro cercano. Las familias de los comuneros afectados denuncian la invasión de sus tierras ancestrales y están evaluando presentar demandas. El evento se realizó en una cancha de la comuna Juntas del Pacífico, mientras que la construcción de la cárcel se ubicará a kilómetros al sur, en terrenos actualmente propiedad del Gobierno.
Fabricio Tamayo, gobernador de Santa Elena, señaló que las quejas provienen de comuneros de Bajada de Chanduy, quienes reclaman la ancestralidad de las tierras. “Legalmente, no tienen títulos,” afirmó Tamayo.
La nueva prisión, que contará con sistemas de Inteligencia Artificial, tendrá cinco pabellones y capacidad para 736 privados de libertad. La construcción, que abarcará 12.2 hectáreas en un terreno de 37.8 hectáreas cedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), comenzará el 24 de junio y se estima que dure 10 meses.
Los comuneros están preocupados por el impacto de la construcción en sus tierras y el medio ambiente. Donald Cabrera, representante de los comuneros de Bajada de Chanduy, expresó su rechazo al proyecto, argumentando que la adjudicación de tierras fue ilegal y que la cárcel traerá inseguridad a la zona. Nelson Laínez, socio comunero, también reclamó la afectación de seis hectáreas de tierras trabajadas por su familia durante casi un siglo.
El Gobierno asegura que el 80% de la mano de obra para la construcción será de la zona y ha prometido mejoras en infraestructura, como caminos de acceso, que beneficiarán a la comunidad. “Estamos de acuerdo con las solicitudes de un centro médico y la ampliación de la escuela y el colegio, y trabajaremos en ellas,” declaró Tamayo.
Los comuneros, respaldados por la Federación de Comuneros de Santa Elena y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, planean utilizar todas las herramientas legales para defender sus tierras y convocar a reuniones para decidir las acciones a seguir.