Más de una veintena de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos han expresado su rechazo a la construcción de una de las dos cárceles de máxima seguridad propuestas por el presidente Daniel Noboa. El mandatario colocó la primera piedra de la nueva prisión, inspirada en el modelo de El Salvador implementado por el presidente Nayib Bukele.
Estas organizaciones, reunidas en la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, manifestaron en un comunicado conjunto que “este es un proyecto innecesario y antitécnico”. Además, argumentaron que la medida “viola derechos colectivos y de la naturaleza” y sigue las mismas soluciones fallidas que han exacerbado la crisis carcelaria en Ecuador. “Denunciamos la construcción de la nueva ‘megacárcel’ como una medida populista, carente de rigor técnico”, señalaron.
La prisión, que se construirá en la provincia de Santa Elena, tendrá una capacidad para 880 reclusos y estará destinada principalmente a los líderes de bandas criminales, a los que Noboa ha declarado la “guerra” bajo la figura de un conflicto armado interno. El Gobierno estima que la construcción tomará alrededor de 300 días y costará 52 millones de dólares.
Argumentos de los colectivos
La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señaló que los terrenos donde se levantará la prisión pertenecen a “comuneros ancestrales indígenas de Bajada de Chanduy”. En esas tierras se encuentra el bosque del predio La Envidia, un ecosistema primario con árboles de más de cien años. “En la zona se constata la presencia de una vasta flora y fauna, así como restos arqueológicos de culturas ancestrales de la costa”, explicaron en su pronunciamiento.
Piden consulta previa
En vista de estas circunstancias, las organizaciones consideran que el Gobierno debe realizar una consulta previa, libre e informada a los habitantes de la comunidad de Bajada de Chanduy, como lo establece la normativa para proyectos en territorios indígenas, a fin de obtener el consentimiento y aceptación de sus integrantes.
Entre 2021 y 2023, más de 500 presos fueron asesinados en las cárceles ecuatorianas, muchas veces en masacres carcelarias por disputas entre bandas rivales que controlaban las prisiones. Tras la militarización de las cárceles, la Defensoría del Pueblo reportó muertes violentas de presos con indicios de presuntas torturas y alertas de muertes por presunta inanición.
Esta controversia subraya la complejidad de abordar la crisis carcelaria en Ecuador, balanceando la necesidad de seguridad con el respeto a los derechos humanos y la preservación de los ecosistemas y el patrimonio cultural.