En la tarde del 25 de junio de 2024, en la CNJ, se llevó a cabo la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de influencias en el caso Celu. Los procesados son Pablo Celi y Luis Miño, excontralor y exdirector de Responsabilidades en la Contraloría.
Al concluir la diligencia, el juez acogió el pedido de la Fiscalía y dictó arresto domiciliario para Celi debido a su condición de adulto mayor. El exfuncionario ya cumplía esta medida por una condena de 13 años de cárcel por delincuencia organizada en el caso Las Torres. Además, el juez dictó prisión preventiva para Miño y ordenó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por USD 50,000, informó el Ministerio Público.
Acusaciones y Evidencias Presentadas
Durante la audiencia, la fiscal Diana Salazar presentó los indicios recopilados en la etapa de investigación previa, que apuntan a Celi y Miño, quien era uno de sus hombres cercanos en la entidad de control. También está investigado Hans Coloma, otro exfuncionario de la Contraloría General, por su participación en el desvanecimiento de una glosa a favor de la telefónica móvil Conecel (Claro).
Según Salazar, se estableció una responsabilidad civil o glosa por USD 111,9 millones, debido a que el costo de las bandas adicionales debió ser de USD 291 millones y no de USD 180 millones, como fue aprobado por el Ministerio de Telecomunicaciones y la Arcotel de la época. La diferencia de USD 111,9 millones se consideró un perjuicio para el Estado.
Procedimientos Internos y Consultorías
Tras la predeterminación de la glosa por parte del equipo auditor, debía ser ratificada por la Dirección de Responsabilidades, liderada por Miño, y firmada por el Contralor General del Estado. Durante el proceso de análisis, Claro introdujo informes de tres consultores contratados por la misma empresa, argumentando que la diferencia de la glosa ya no era aplicable.
Nelson V., analista de Responsabilidades en la Contraloría, se negó a desvanecer la glosa pese a las solicitudes de Miño y Coloma, alegando que las consultorías presentadas por Claro eran copias simples y no se podía certificar su validez. Posteriormente, Nelson V. fue cambiado de puesto y desvinculado de la Contraloría.
Mensajes y Comunicaciones Internas
La Fiscalía también presentó la transcripción de un chat entre Pablo Celi y una exfuncionaria de la Contraloría, Daisy G., quien mencionaba las glosas desvanecidas a pedido de Celi. Tras su exposición, Salazar pidió la ratificación del arresto domiciliario de Celi y la prisión preventiva de Miño.
Defensa de los Procesados
El abogado de Pablo Celi, Marcelo Ron, solicitó que se excluya del congelamiento de cuentas una específica donde el excontralor recibe su pensión jubilar. Por su parte, el abogado de Luis Miño, Teodoro Coronel, pidió medidas alternativas a la prisión preventiva, argumentando la colaboración de Miño en otros casos y su nivel de riesgo debido a su testimonio en el caso Las Torres.
Versión de Claro
El 25 de junio de 2021, Claro respondió a las acusaciones asegurando que no tuvo participación ni injerencia en la determinación de las condiciones del contrato, que fueron definidas por el Estado ecuatoriano. Además, la Contraloría desestimó la predeterminación de la glosa tras la intervención de expertos internacionales.
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