En el marco del 54.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), las delegaciones diplomáticas de Ecuador y México se enfrentaron nuevamente, luego de la ruptura de relaciones entre ambos países por la invasión de la embajada mexicana en Quito.
Joel Antonio Hernández, delegado de México, aprovechó la ocasión para reiterar el reclamo de su país: “Nunca más un asalto ilegal a una embajada, nunca más agresiones a enviados diplomáticos, nunca más la sustracción de una persona protegida, nunca más la violencia como solución de nada”, manifestó Hernández.
En abril pasado, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el asalto a la embajada mexicana en Quito para detener al exvicepresidente Rafael Correa, Jorge Glas, a quien el Gobierno mexicano había otorgado asilo pocas horas antes. Esta acción provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre los dos países.
Hernández destacó la importancia de fortalecer la integración regional y mejorar la confianza entre países, señalando que los estados que no cumplen con las normas interamericanas deben ser responsabilizados por sus actos.
La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, también estuvo presente en la sesión de la OEA. Aunque no profundizó en el reclamo mexicano, hizo un llamado a “dejar de lado las diferencias y discrepancias”. Sommerfeld centró su discurso en los problemas de inseguridad que atraviesa Ecuador y otros países de la región, abogando por una mayor integración para combatir el crimen organizado.
“El deterioro de las condiciones de seguridad en nuestros países nos debe integrar aún más, porque de lo contrario el desarrollo de la región no será más que una quimera”, afirmó Sommerfeld, destacando que Ecuador declaró en enero pasado el “conflicto armado interno”, calificando a las bandas criminales como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
En la misma sesión, la OEA condenó enérgicamente el intento de golpe de Estado contra el Gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce, y denunció cualquier intento de desestabilizar las instituciones democráticas en ese país. La resolución, incluida de forma extraordinaria y aprobada por aclamación, expresó la “grave preocupación” por la sublevación militar que, según el texto, constituye una amenaza al régimen constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia.