El expresidente Rafael Correa y el exministro Walter Solís enfrentan nuevas acusaciones de peculado relacionadas con la concesión del puerto de Manta a la empresa Desarrollo de Negocios Agencias Universales S.A (Agunsa). La fiscalía de Manabí, bajo la dirección de Paco Delgado Intriago, ha vinculado formalmente a los exfuncionarios y ha trasladado el caso a la Fiscalía General del Estado debido a su fuero en la Corte Nacional de Justicia.
La investigación, que destaca por su gravedad, se compone de dos expedientes: uno por tráfico de influencias y otro por peculado. Estas imputaciones reflejan la seriedad del proceso que se está llevando a cabo.
La asambleísta Adriana García Mejía, del partido Gente Buena, ha contribuido significativamente a la investigación a través de una acción de fiscalización, señalando diversas irregularidades. Según García, la concesión del puerto de Manta habría causado un perjuicio al Estado de aproximadamente $23 millones.
Rafael Correa ya enfrenta una condena por cohecho en el conocido caso Sobornos. Por su parte, Walter Solís, actualmente prófugo, tiene dos sentencias en su contra: una en el caso Sobornos y otra por peculado, relacionada con su gestión al frente de la Secretaría del Agua.
Estas nuevas acusaciones suman más complicaciones legales para ambos exfuncionarios y ponen en el centro de la atención pública la gestión y las decisiones tomadas durante sus mandatos.
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