En la madrugada del sábado 29 de junio de 2024, la Fiscalía General del Estado, liderada por la fiscal Diana Salazar, desplegó una serie de operativos en varias provincias de Ecuador, resultando en la detención de 17 personas implicadas en el caso Plaga, por presunta delincuencia organizada.
Los operativos se llevaron a cabo en Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, Azuay, Pichincha y Guayas. Entre los detenidos se encuentran figuras destacadas del sistema judicial, incluyendo al juez penitenciario José Guzmán, arrestado en Santo Domingo, y a la jueza penal Adriana Zarama, en cuyo domicilio en Milagro se decomisaron $11,800 en efectivo, un dispositivo móvil y documentos.
Durante la audiencia de vinculación, realizada en la Corte Nacional de Justicia, la fiscal Diana Salazar argumentó que los detenidos formaban parte de una estructura delictiva que comprometía la integridad del sistema judicial ecuatoriano. Según Salazar, esta red se dedicaba a la venta de decisiones judiciales, beneficiando a políticos corruptos y delincuentes.
Entre los detenidos se encuentran también el exjuez Ángel Lindao, acusado en el caso Metástasis por devolver bienes a la familia del narcotraficante Leandro Norero, y el exjuez Simón García, detenido por liberar ilegalmente a Daniel Salcedo en 2002. Asimismo, el exjuez Banny Molina, conocido por conceder habeas corpus ilegales, también fue aprehendido y enfrenta una sentencia por prevaricato.
Los abogados de los procesados argumentaron en la audiencia que la fiscal no ha presentado pruebas concretas de las transacciones ilícitas y cuestionaron las razones para solicitar la medida privativa de libertad.
La fiscal Salazar enfatizó que se configuró una cúpula criminal que afectó gravemente el sistema de justicia del país, creando un sistema judicial alterno y corrupto. Solicitó además que se active la difusión roja de Interpol para algunos de los acusados.
El caso Plaga ha tenido un impacto significativo, con 31 implicados en total, incluyendo un nuevo grupo de 17 personas que enfrentan cargos. Entre ellos se encuentra el abogado Cristian Romero, prófugo de la justicia, quien también está vinculado al caso Metástasis y lideraba una red de corrupción para obtener sentencias favorables para sus clientes.
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