Mediante un decreto ejecutivo, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha anunciado la implementación de un Estado de Excepción focalizado en cinco provincias y un cantón del país. Esta medida tiene como objetivo continuar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La emergencia se ha declarado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Orellana, así como en el cantón Camilo Ponce Enríquez, ubicado en la provincia del Azuay. El Estado de Excepción entrará en vigor de inmediato y tendrá una duración de 60 días.
Motivos del Decreto
El decreto presidencial detalla que en las zonas afectadas se mantiene “una grave conmoción interna y conflicto armado interno”, lo que justifica la necesidad de esta medida extraordinaria. La disposición cuenta con el respaldo de la Asociación Mundial de Juristas (WJA, por sus siglas en inglés), que ha estimado que el decreto se ajusta plenamente al marco constitucional vigente.
Medidas y Objetivos
El presidente Noboa ha prometido que, durante este periodo, se fortalecerán las estrategias de lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. “Nuestro principal objetivo es precautelar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos”, declaró Noboa en una conferencia de prensa. Las fuerzas de seguridad recibirán refuerzos y mayores recursos para llevar a cabo operaciones que busquen desarticular redes criminales y garantizar la tranquilidad en las zonas afectadas.
Reacciones y Apoyo Internacional
La comunidad internacional ha mostrado su apoyo a las medidas adoptadas por el gobierno ecuatoriano. Varios países y organizaciones han ofrecido su colaboración para fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad locales. Además, la WJA ha expresado su respaldo al decreto, subrayando la importancia de mantener el estado de derecho y la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia.
Impacto en la Población
El anuncio ha generado diversas reacciones entre la población de las zonas afectadas. Mientras algunos ciudadanos expresan su preocupación por las posibles restricciones y la militarización de sus comunidades, otros apoyan la medida, esperando que contribuya a reducir los niveles de violencia y criminalidad que han afectado sus vidas.
Conclusiones
Con el Estado de Excepción en marcha, el gobierno de Daniel Noboa se enfrenta al desafío de equilibrar la seguridad y la protección de los derechos civiles. La comunidad nacional e internacional estará atenta al desarrollo de las acciones emprendidas durante estos 60 días, con la esperanza de que resulten en un Ecuador más seguro y estable.
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