El contrato colectivo de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) es uno de los más cuestionados por el Ministerio de Trabajo. La ministra Ivonne Núñez solicitó a la Contraloría la revisión y posible anulación de este y otros contratos de empresas públicas el 1 de julio de 2024.
El sindicato de CNT, representado por Oswaldo Chica, sostiene que no hay argumentos legales para anular el contrato colectivo vigente desde enero de 2024, que beneficia a 5.655 de los 6.926 trabajadores de la empresa. Este contrato fue ratificado por un Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo en noviembre de 2023, después de que la empresa y el sindicato no llegaran a un consenso durante las negociaciones.
El gerente de CNT, Roberto Kury, solicitó a la Procuraduría en febrero y marzo de 2024 que se pronunciara sobre la necesidad de un dictamen favorable del Ministerio de Finanzas para validar el contrato colectivo. La respuesta del procurador Juan Carlos Larrea fue que las resoluciones de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje deben cumplirse sin necesidad de dicho dictamen.
El contrato incluye numerosos beneficios para los trabajadores, entre ellos:
Subsidio por cargas familiares: Pago mensual del 0,6% del salario por cada hijo hasta los 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad.
Bonos por antigüedad: Pago mensual del 0,25% del salario por años trabajados, con un tope de USD 60 al mes.
Servicio de guardería: Subsidio del 20% del salario básico unificado por cada hijo hasta los 5 años.
Incremento anual de sueldos: Aumento de USD 20 al mes durante la vigencia del contrato (2024 y 2025).
Altas indemnizaciones por despidos: Pago de 48 remuneraciones (cuatro años) en caso de despido antes de cumplir el período de estabilidad laboral mínima de cuatro años.
El Ministerio de Trabajo, que busca la nulidad del contrato, argumenta que el contrato colectivo no tiene el respaldo financiero requerido por la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas. Sin embargo, el sindicato defiende que las decisiones judiciales prevalecen sobre los dictámenes administrativos y asegura que los intentos de anular el contrato buscan desprestigiar a CNT para facilitar su privatización.