Un pariente de las ecuatorianas secuestradas en México el 17 de junio de 2024 reveló que la liberación de las víctimas se logró mediante el pago de un rescate de 18,000 dólares, gestionado por la familia sin la intervención inicial de la Cancillería de Ecuador.
Según el testimonio ofrecido en una entrevista para Outsiders, el familiar desmintió las declaraciones de la Cancillería ecuatoriana, que mencionó la participación de entidades como el FBI y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en la liberación. En cambio, afirmó que fue un esfuerzo financiero y logístico exclusivo de los familiares afectados.
La familia, compuesta por cinco personas, fue interceptada en un bus mientras viajaban de la Ciudad de México a Sonora, con la intención de llegar a Estados Unidos. Según el relato, los secuestradores se hicieron pasar por agentes de migración antes de revelar sus verdaderas intenciones.
El pariente criticó la respuesta inicial de la Cancillería, mencionando que la colaboración fue tardía y limitada. Solo tras varios días de espera y presión, se estableció un contacto efectivo con la Embajada de Ecuador en México, facilitado en parte por el asambleísta Jorge Miranda.
Actualmente, las víctimas se encuentran bajo protección en México, donde han solicitado una visa humanitaria para evitar retornar a Ecuador debido a amenazas de seguridad en su país de origen.
El caso ha generado controversia y llamados a mejorar la respuesta diplomática y de seguridad del gobierno ecuatoriano en situaciones de emergencia como esta.
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