Las fuerzas del orden han solicitado al Consejo de la Judicatura la designación e implementación a nivel nacional de jueces y juzgados penales, militares y policiales. Esta petición surge debido a la desaparición del sistema de justicia penal, militar y policial con la vigencia de la Constitución de Montecristi, que estableció el nombramiento de jueces especializados para juzgar a uniformados por infracciones cometidas en el ejercicio de sus funciones.
Según las Fuerzas Armadas, la Judicatura no ha cumplido con esta disposición constitucional, resultando en errores al juzgar al personal militar por infracciones vinculadas con sus cargos. Para abordar este problema, el presidente saliente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, y el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo, firmaron un acuerdo este martes para acelerar la designación de estos jueces.
Un estudio jurídico realizado por el Ministerio de Defensa señala la necesidad de 14 jueces, 6 conjueces, 2 fiscales, y 8 secretarios y amanuenses en todo el país. Román firmó este acuerdo justo antes de dejar su cargo, en un evento reservado en la academia de guerra de la Fuerza Aérea.
La implementación de estos jueces especializados busca garantizar que los miembros de las fuerzas del orden sean juzgados adecuadamente por infracciones relacionadas con sus funciones, mejorando así la justicia y la seguridad en el país. El acuerdo firmado es un paso crucial para cumplir con la disposición constitucional y corregir las deficiencias actuales en el sistema de justicia penal para el personal militar y policial.
Además, se espera que con la designación de estos jueces y el establecimiento de juzgados especializados, se pueda asegurar una mayor transparencia y eficacia en los procesos judiciales que involucran a los uniformados, fortaleciendo el estado de derecho y la confianza en las instituciones de justicia en Ecuador.