La fiscal general del Estado, Diana Salazar, rechazó enérgicamente el pedido de la asambleísta del correísmo, Gissela Garzón, quien solicitó al Consejo de Administración Legislativa que dé seguimiento al juicio político contra Salazar. La fiscal, quien presenta un embarazo de alto riesgo, considera que esta solicitud es un intento desesperado de separarla de sus funciones para continuar con la impunidad.
En un comunicado publicado en sus redes sociales, Salazar manifestó que hay una “banda”, refiriéndose al movimiento político, que ha propuesto tres médicos para que certifiquen su estado de salud. “Cuando los médicos den fe que todo lo que han dicho es mentira, tendrán que comerse sus palabras y sus mentiras”, señaló la fiscal.
Salazar enfatizó que no permitirá que se sigan metiendo con su familia y anunció que tomará acciones legales contra quienes intenten hacerlo. “¡Con mis hijas nadie se va a meter!”, expresó la fiscal, dejando claro que defenderá a su familia y su integridad con todas las herramientas legales a su disposición.
La situación refleja las tensiones políticas en el país y el desafío que enfrenta Salazar al intentar mantener su posición y llevar adelante su labor en el sistema de justicia.