La Fiscalía acusó el 10 de julio de 2024 a Pedro Merizalde, exgerente del proyecto Refinería del Pacífico, a su cónyuge y a la empresa Horgan Investment Inc. como coautores del presunto delito de lavado de activos. La acusación se basa en 183 elementos de convicción presentados durante la audiencia preparatoria de juicio en el Complejo Judicial del norte de Quito.
El juez anticorrupción declaró la validez procesal de todas las actuaciones previas en la causa penal, a pesar de que la defensa de los procesados alegó “posibles vicios de nulidad”. La Fiscalía informó que el juez acogió sus argumentos y confirmó la validez procesal, permitiendo que el fiscal del caso sustentara su dictamen acusatorio.
Según el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de lavado de activos se sanciona con una pena de hasta 13 años de cárcel. Para sustentar la acusación, la Fiscalía presentó información financiera de las cuentas de los procesados en Suiza y Estados Unidos, así como asistencia penal internacional solicitada a Panamá relacionada con Horgan Investments Inc.
Además, se incluyó información de procesos penales anteriores que involucraban a personas sentenciadas por delitos de corrupción con la empresa Odebrecht. Estas personas habrían pagado a través de personas jurídicas bajo su control, depositando dinero en las cuentas de Horgan Investments Inc. La Fiscalía investiga un conjunto de transferencias recibidas, que serían retribuciones ilícitas de Odebrecht a Pedro Merizalde, a cambio de favorecer a la empresa en la adjudicación de contratos.
Pedro Merizalde habría creado Horgan Investments Inc. mientras ocupaba cargos públicos y abrió una cuenta a nombre de la compañía en Suiza, donde recibió los pagos para evitar su detección. Parte de este dinero también fue depositado en una cuenta conjunta con su cónyuge, Zoa T., en el exterior. Tras cinco años, estos fondos se ingresaron al sistema financiero ecuatoriano mediante actos y contratos destinados a ocultar su origen ilícito. En 2021, la sociedad conyugal entre los procesados se liquidó, dejando a Pedro Merizalde sin patrimonio aparente, el cual cedió a su esposa.