Gissela Garzón, asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC) y proponente del juicio político contra la fiscal General del Estado, Diana Salazar, solicitó al Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) que se realice un seguimiento al proceso suspendido hace casi dos meses. La petición se debe a la preocupación de Garzón de que el juicio quede sin resolución definitiva.
El trámite del juicio político fue suspendido el 17 de mayo de 2024, cuando una mayoría en el CAL decidió posponerlo debido a un “embarazo de alto riesgo” de Salazar, respaldado por un pronunciamiento del Procurador General. Garzón expresó que el objetivo es evitar que este proceso quede en el aire y cuestionó los términos y duración de la suspensión.
“¿Cuál es el tiempo de riesgo o cómo se mide el tiempo de riesgo? Porque la capacidad de fiscalización que tenemos nosotros, como asambleístas, es hasta un año después que la autoridad deje el cargo. Entonces, si el riesgo dura tres años, ¿cómo lo vamos a medir? ¿De qué forma lo vamos a establecer, entiéndase en este caso o en cualquier otro?”, declaró Garzón.
Garzón subrayó la necesidad de que el CAL se pronuncie de manera clara sobre la suspensión. Durante una sesión reservada esta semana, se trató el tema, pero no se ha divulgado ninguna resolución. Garzón aclaró que su intención no es interpretar el criterio del Procurador, sino entender cómo este afecta al proceso de fiscalización.
Garzón presentó la solicitud de juicio político en noviembre de 2023, acusando a Salazar de incumplimiento de funciones en 13 causales relacionadas con los casos Sinohidro, INA Papers, Encuentro y las protestas de octubre de 2019, entre otros. La legisladora afirmó que ningún documento presentado por ella alude a la vida personal o íntima de la Fiscal General, respondiendo así a la advertencia de Salazar de no exponer sus exámenes clínicos.
Garzón reconoció que si el juicio político no es tramitado en el actual periodo legislativo, que concluye en mayo de 2025, podría retomarse en la próxima Asamblea. La asambleísta hizo hincapié en la importancia de establecer precedentes claros para futuros procesos de fiscalización, evitando que situaciones similares queden sin resolver.