Familiares de miembros de bandas criminales han históricamente ocupado cargos municipales en Durán, Guayas, y estos grupos han llegado a brindar protección a funcionarios públicos. Esta situación ha generado desconfianza entre los habitantes hacia las instituciones gubernamentales.
Durante los talleres participativos para el diagnóstico de seguridad y convivencia organizados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) para la Región Andina y el Cono Sur, los ciudadanos expresaron sus preocupaciones.
La preferencia de los pobladores por arreglarse directamente con los extorsionadores o cerrar sus negocios en lugar de denunciar a las autoridades refleja esta desconfianza, la cual es uno de los desafíos que el Gobierno Nacional enfrenta en su intervención en el cantón.
Durán, considerada por su alcalde como la ciudad más peligrosa del mundo, será el lugar desde donde el presidente de la República, Daniel Noboa, despachará a partir del miércoles 17 de julio de 2024. La intervención del gobierno no se limitará a la seguridad, sino que también abordará la gobernanza criminal establecida por las bandas Chone Killers y Latin Kings, quienes se reparten 25 sectores del cantón e imponen sus propias leyes y normas de conducta, creando un “paraestado”.
El informe de la ONU revela que estas bandas han consolidado un poder económico, político y social significativo, especialmente en zonas de asentamientos irregulares. Durán, con una extensión territorial de 59 kilómetros cuadrados y una población de 303,910 personas según el censo de 2022, enfrenta una tasa de homicidios de 145,43 por cada 100,000 habitantes, superando a las ciudades más violentas del mundo.
En lo que va de 2024, la violencia ha aumentado a un ritmo alarmante, con más de 250 asesinatos reportados, resultado de la guerra territorial entre los Chone Killers y los Latin Kings. Estos grupos buscan controlar el tráfico de drogas y otros delitos que sustentan sus economías criminales.
El Gobierno prepara una intervención en Durán que será distinta a la de Manta, involucrando a la Fuerza Pública y a varios ministerios como Educación, Salud e Inclusión Social. La ministra del Interior, Mónica Palencia, indicó que esta intervención interinstitucional busca reconstruir el tejido social y fortalecer las instituciones estatales para mitigar la violencia y el crimen.
El plan de gobernanza y convivencia, elaborado por la ONU en colaboración con el Ministerio del Interior y el Municipio de Durán, tiene como objetivo principal transformar el entorno para prevenir el delito y la violencia, fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias, y promover la interacción pacífica entre los ciudadanos.
El alcalde de Durán, Luis Chonillo, ha ofrecido la estación del tren y el Centro de Monitoreo municipal para que los funcionarios del gobierno establezcan sus comandancias y centros de mando. Sin embargo, Chonillo ha criticado la pérdida del factor sorpresa en la intervención, subrayando la necesidad de acciones efectivas y no meramente simbólicas.
Además de los desafíos de seguridad, el alcalde ha destacado la violencia de género, la deserción escolar y el reclutamiento de menores por parte de las bandas criminales como problemas urgentes. La violencia de género es particularmente alta en las parroquias de El Recreo y Divino Niño, coincidiendo con los territorios con mayor índice de homicidios.
Las bandas criminales, como los Chone Killers, han establecido una especie de gobernanza criminal, controlando aspectos esenciales de la vida cotidiana en los barrios bajo su dominio. Estos grupos imponen normas de conducta, restricciones de movilidad y ofrecen servicios de seguridad a cambio de pagos extorsivos. Además, los Chone Killers están involucrados en el tráfico de tierras y otras actividades ilícitas.
La intervención del gobierno en Durán será un desafío complejo, requiriendo una estrategia integral y coordinada para recuperar el control del territorio y restaurar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
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