La Corte Constitucional dejó sin efecto las sentencias que favorecían a Wilman Terán en su intento de que el Ministerio de Finanzas asignara USD 265,6 millones al Consejo de la Judicatura durante su presidencia.
El juez Enrique Herrería, autor de la sentencia, argumentó que la acción de protección debe utilizarse para amparar derechos constitucionales y no para modificar el Presupuesto General del Estado, lo cual hubiera reducido fondos públicos en beneficio de la Judicatura. Herrería consideró que las sentencias de marzo de 2023 representaban una injerencia directa en las atribuciones de otros poderes del Estado, afectando el derecho a la seguridad jurídica.
El magistrado declaró que los jueces de la Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha incurrieron en error inexcusable. Por ello, ordenó al Consejo de la Judicatura iniciar un proceso disciplinario contra José Jiménez, Mónica Bravo y Miguel Ángel Narváez, según informó Ecuavisa.
El Ministerio de Finanzas interpuso la acción extraordinaria de inconstitucionalidad en octubre del año pasado, después de que la Sala de la Corte de Pichincha aceptara parcialmente un recurso de apelación de Terán y ordenara al Gobierno de Guillermo Lasso realizar el pago en un plazo de 15 días. Previamente, una jueza había ordenado establecer una mesa técnica para determinar los proyectos prioritarios, pero la Corte Constitucional también dejó sin efecto esa sentencia.