La Fiscalía defiende los casos como éxitos en la lucha anticorrupción, aunque hay críticas que apuntan a la impunidad. El caso Metástasis desnudó la corrupción judicial en Ecuador. Desde el 14 de diciembre de 2023, cuando se dieron los primeros arrestos, el país vio con asombro los alcances del narcotráfico para permear en la justicia, la política y la Policía.
La Fiscalía General del Estado (FGE) demostró que, con el fallecido Leandro ‘El Patrón’ Norero a la cabeza, una red operó para que jueces fallaran a favor del narcotraficante y sus familiares mediante sobornos y la planificación de atentados y amenazas.
Este caso involucró a 52 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada. En la investigación, el Ministerio Público descartó la acusación contra tres personas por falta de indicios suficientes. De los 49 restantes, 39 serán acusados en un procedimiento ordinario, con posibles sentencias de hasta 10 años de prisión en un eventual juicio.
Diez acusados optaron por un procedimiento abreviado, aceptando su culpa a cambio de una pena reducida de tres años y cuatro meses de cárcel. De ese grupo, cuatro accedieron a una rebaja adicional por colaborar con la Fiscalía.
Los sentenciados
Entre el 15 y el 24 de julio de 2024, en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) se realizaron los procedimientos abreviados de nueve procesados por el caso Metástasis. Estas son sus condenas y su participación en la causa:
¿Impunidad o lucha contra la corrupción?
Las sentencias reducidas, en algunos casos gracias a dos beneficios, han puesto en debate la posibilidad de que haya impunidad en el caso Metástasis. Sin embargo, expertos consultados por PRIMICIAS niegan esta posibilidad.
Mariana Yépez, exfiscal General del Estado, explicó que el procedimiento abreviado forma parte del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y su aplicación no responde a una decisión del Ministerio Público. Yépez detalló que el procedimiento abreviado es solicitado por los procesados interesados en aceptar sus culpas, y la Fiscalía, tras verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, presenta el caso al juez de la causa para que decida si es viable y se dicte una sentencia reducida.
Además, Felipe Rodríguez, abogado experto en derecho penal, mencionó que la extensión de la pena responde a una negociación entre la Fiscalía y el procesado. Según Rodríguez, la Fiscalía se beneficia al obtener una sentencia anticipada, ya que ahorra recursos al evitar un juicio ordinario y confirma la comisión de un delito, lo cual facilita el juicio para el resto de procesados.
Doble rebaja de pena: Cooperación eficaz y procedimiento abreviado
Además del procedimiento abreviado, Hélive Angulo, Héctor Paredes, Álex Palacios y Mayra Salazar recibieron otra rebaja por colaborar con la Fiscalía.
Un docente de derecho penal y exjuez nacional, que prefirió mantenerse en el anonimato, consideró que no era viable aplicar de manera concurrente el procedimiento abreviado y la cooperación eficaz, operando una doble rebaja de pena. Sin embargo, Rodríguez afirmó que no existe ninguna norma que lo impida, argumento respaldado por el conjuez Manuel Cabrera, quien autorizó las dos rebajas de los cuatro procesados.
María del Mar Gallegos, experta en derecho penal, tampoco ve problema en aplicar ambas figuras simultáneamente, aunque señala otra preocupación: la verificación de la información proporcionada por los colaboradores, ya que los otros procesados aún no han ido a juicio y siguen siendo inocentes. Gallegos cree que la Fiscalía debió proponer solo el procedimiento abreviado y dejar que los 10 procesados obtuvieran sentencias de 40 meses. La segunda rebaja por cooperación eficaz envía un mensaje equivocado, según la experta.
Las sentencias ya dictadas solo pueden ser apeladas por la Fiscalía, los propios procesados o la Procuraduría General del Estado, pero todas las partes consintieron su aceptación durante las audiencias. Es decir, las sentencias están en firme.