La Asamblea Nacional decidió no autorizar el enjuiciamiento penal de la legisladora Ana Galarza, quien enfrentaba acusaciones de presunta calumnia contra el juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres.
La moción de no autorizar el juicio penal fue respaldada por 103 asambleístas pertenecientes a las bancadas de Construye, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano. Este apoyo mayoritario refleja un consenso significativo entre distintos bloques políticos en favor de la legisladora.
El juez Ángel Torres había presentado una denuncia en contra de Galarza, acusándola de “desprestigiar y mancillar su honor”. Según Torres, la legisladora lo había señalado públicamente de responder a intereses del Gobierno, lo cual, en su opinión, constituía una calumnia que afectaba gravemente su reputación y profesionalismo.
Durante el debate en la Asamblea, varios legisladores argumentaron que las declaraciones de Ana Galarza se enmarcaban dentro del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión y de su función fiscalizadora como asambleísta. Destacaron la importancia de proteger el debate político y la crítica en un sistema democrático.
Ana Galarza, por su parte, agradeció el respaldo de sus colegas y reiteró que sus afirmaciones se basaron en su deber de cuestionar y fiscalizar a los funcionarios públicos en beneficio del país. La legisladora manifestó que continuará ejerciendo su papel de manera responsable y comprometida.
La decisión de la Asamblea Nacional de no autorizar el juicio penal contra Galarza ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y entre la ciudadanía. Algunos sectores consideran que la medida es justa y protege la labor fiscalizadora de los legisladores, mientras que otros creen que podría sentar un precedente preocupante respecto a la impunidad en casos de calumnia.
El juez Ángel Torres, por su parte, aún no ha emitido una declaración oficial tras el rechazo de su solicitud por parte de la Asamblea Nacional. Se espera que este tema continúe generando debate en los próximos días, a medida que se analicen las implicaciones de la decisión legislativa.