Organizaciones de derechos humanos y periodistas han denunciado que el gobierno de Venezuela anuló los pasaportes de varios periodistas y activistas, en lo que consideran una represalia por su labor crítica hacia el régimen. Según Espacio Público, una asociación civil venezolana, al menos 16 casos de anulación de pasaportes han sido documentados, afectando a quienes han denunciado abusos y participado en protestas contra el gobierno.
Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que esta práctica no es nueva en Venezuela, pero afirmó que recientemente ha habido un aumento en las denuncias. La mayoría de los afectados han pedido mantener su identidad en reserva para evitar mayores represalias.
Entre los casos más recientes está el de un activista LGTBI, quien fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía y liberado horas después, tras la anulación de su pasaporte.
CNN también intentó obtener información del Servicio Administrativo de Migración y Extranjería (Saime) sobre estas anulaciones, pero no ha recibido respuesta. Sin embargo, organizaciones como Laboratorio de Paz estiman que el número de personas afectadas podría ser aún mayor, llegando a 25 casos documentados.
Estas denuncias se suman a las preocupaciones sobre el aumento de las violaciones a la libertad de prensa y los derechos humanos en Venezuela, en un contexto donde las autoridades no han publicado resultados detallados de las recientes elecciones presidenciales.
Testimonios de venezolanos en el exterior
El periodista venezolano Jefferson Díaz, radicado en Ecuador, y el coordinador de Voluntad Popular en ese país, Luis Magallanes, han denunciado la anulación de sus pasaportes. Ambos creen que estas medidas están relacionadas con su activismo y críticas al gobierno de Nicolás Maduro.
Romer Rubio, un militante político venezolano en Chile, también denunció que su pasaporte fue anulado después de las elecciones, lo que considera una represalia por sus declaraciones en redes sociales contra los resultados electorales.
Estas anulaciones de pasaportes son vistas por los afectados como una forma de represalia política por parte del régimen, generando preocupación y temor entre aquellos que han sido críticos del gobierno venezolano.