En las provincias de la Costa ecuatoriana, el Plan de Recompensas 131 ha logrado una significativa respuesta ciudadana, recibiendo aproximadamente 130.000 llamadas en menos de 10 meses a nivel nacional.
Las provincias costeras de Ecuador enfrentan una creciente ola de violencia criminal, resultado de un conflicto entre organizaciones delictivas. Esta situación ha planteado un desafío significativo para las fuerzas de seguridad y se ha convertido en una amenaza para la estabilidad nacional.
Desde finales de 2023, Ecuador se convirtió en el cuarto país de la región en activar el Plan de Recompensas 131, con la colaboración de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Este plan busca la colaboración ciudadana para identificar a personas o estructuras vinculadas a delitos graves, como delincuencia organizada transnacional, terrorismo, amenazas contra el Estado y narcotráfico. Paúl Medina, asesor estratégico de la Dirección General de Investigaciones (DIGIN) y vocero del plan, destacó que hasta la fecha se han recibido alrededor de 130.000 llamadas, muchas de ellas provenientes de la zona costera del país, donde la presencia de estructuras criminales es más notoria.
El Decreto Ejecutivo emitido el 2 de julio de 2024, detalla las zonas con un incremento significativo de hostilidades y delitos, incluyendo las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. En estas áreas, se ha decretado un estado de excepción de 60 días.
Kléber Guaitarilla, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Manabí, indicó que la provincia, con 1,5 millones de habitantes, enfrenta un desafío persistente con la delincuencia organizada y el terrorismo. Hasta la fecha, el plan ha registrado 580 interacciones ciudadanas, de las cuales 29 han sido claves para neutralizar a bandas delictivas.
A medida que la criminalidad se desplaza a nuevas zonas debido a las intervenciones y controles en áreas específicas, el Plan de Recompensas se ha extendido a todas las provincias del país.
El Plan de Recompensas 131, financiado por el Comando Sur de Estados Unidos, garantiza la confidencialidad de quienes brindan información. Los ciudadanos pueden comunicarse a través del 131 o enviar un correo a informa@recompensas131.org, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Una vez que se recibe la información, se procede a su verificación antes de realizar cualquier operación en terreno. El monto de las recompensas varía según la relevancia de la información y los resultados obtenidos, pudiendo alcanzar hasta USD 5 millones.
El programa también se enfoca en la captura de objetivos de alto e intermedio valor, incluidos los cabecillas de bandas narcoterroristas. Hasta junio de 2024, se habían identificado 18 objetivos de alto valor, con más del 50% capturados, y 238 objetivos de valor intermedio, de los cuales más del 50% fueron detenidos.
El Plan de Recompensas también ha jugado un papel crucial en casos emblemáticos, como el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ofreciendo hasta USD 5 millones por información que conduzca a los responsables.
En Manabí, la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo se intensifica. La provincia ha visto un incremento en el microtráfico y otros delitos en los últimos meses, agravando la ya compleja situación de seguridad.
La respuesta de la ciudadanía ha sido crucial, con 29 bandas delictivas neutralizadas gracias a la información proporcionada. Sin embargo, las autoridades reconocen que la lucha contra estos grupos armados continúa y que no existe una solución única para erradicar la violencia en la región.