En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se desató una crisis interna la mañana del 12 de agosto de 2024, cuando tres jueces de la entidad votaron para remover de su cargo a Fernando Muñoz, presidente del organismo. La moción fue presentada por el juez Guillermo Ortega y respaldada por los jueces Ivonne Coloma y Ángel Torres, quienes conformaron la mayoría necesaria para ejecutar la decisión.
La sesión, que estuvo marcada por tensiones, fue interrumpida por el propio Muñoz, quien calificó la reunión como “ilegal” y fuera de los límites de la Ley y la Constitución. “Es una reunión de amigos”, expresó con visible molestia. El ahora expresidente del TCE afirmó que la sesión no tenía la facultad para removerlo y lamentó lo que consideró un intento de desprestigiar la institución que había liderado.
Muñoz también insinuó que detrás de su destitución existen intereses políticos con miras a las próximas elecciones, lo que agrava la percepción de inestabilidad en el TCE. Tras la destitución, los jueces decidieron que Ivonne Coloma Peralta, quien hasta entonces ocupaba la vicepresidencia del organismo, asuma la presidencia de manera interina.
La destitución de Muñoz se produjo tras su negativa a convocar una sesión extraordinaria solicitada por los tres jueces para evaluar su gestión. Muñoz había argumentado que no existía base legal para su remoción y que, según la normativa del TCE, solo el presidente tiene la potestad de convocar sesiones y establecer su orden del día.
Por su parte, Coloma defendió la necesidad de un cambio en la presidencia, señalando problemas como la falta de combustible, el mantenimiento vehicular, y el estancamiento de proyectos jurisdiccionales, todos ellos atribuibles a la gestión de Muñoz. Además, destacó que el desfase en el trámite de decisiones clave para el TCE exigía una intervención inmediata.
Este remezón en la cúpula del TCE deja al organismo en una situación delicada, con implicaciones potenciales para el proceso electoral en curso y el funcionamiento general de la institución.