Un informe de Inteligencia Policial al que Ecuavisa tuvo acceso ha revelado la presencia y operaciones del grupo guerrillero colombiano Comando de la Frontera en la provincia de Orellana, Ecuador. Este grupo ha cruzado la frontera en el último año, desatando una ola de violencia que ha alarmado a las autoridades y a la población local.
Según el reporte, el Comando de la Frontera ha establecido su influencia en dos de los cuatro cantones de Orellana, donde se ha desencadenado una guerra interna entre facciones de la organización criminal Los Choneros. Mientras una facción ha optado por aliarse con los guerrilleros colombianos en el cantón Francisco de Orellana, la otra se resiste a su control y mantiene su base de operaciones en Joya de los Sachas.
La violencia en la provincia ha alcanzado niveles sin precedentes, con un total de 74 asesinatos registrados en lo que va de 2024, un incremento de 50 muertes en comparación con el mismo periodo del año anterior. El caso más reciente y estremecedor fue el asesinato de tres policías el pasado 12 de agosto, lo que subraya la peligrosidad de la situación.
El Comando de la Frontera, también conocido como Mafia de Sinaloa, está involucrado en la producción y tráfico de cocaína y marihuana, además de actividades de extorsión y sicariato. En Ecuador, el grupo busca dominar la minería ilegal, la cual se ha convertido en una pieza clave en la ruta del narcotráfico hacia varios cantones del país.
Este grupo criminal ha demostrado un poderío económico significativo, adquiriendo armamento avanzado como fusiles y subametralladoras, y utilizando vehículos blindados de alta gama. Estas capacidades superan la logística disponible de la Policía Nacional, complicando las labores de contención y seguridad en la región.
Las autoridades aún no han detectado la presencia de este grupo irregular en otras provincias del país, pero la creciente influencia en Orellana representa un desafío considerable para la seguridad nacional. La expansión de estas operaciones criminales y la intensificación de la violencia subrayan la necesidad urgente de una respuesta coordinada por parte del Estado.
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