De cara a las elecciones de 2025 en Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ha establecido una nueva directriz que busca evitar el uso indebido de cargos públicos para influir en los votantes. Esta medida, derivada de una sentencia reciente contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, marca un hito en la regulación de las campañas electorales.
El TCE impuso una multa de USD 9,000 a Muñoz por promover la candidatura presidencial de Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, durante las elecciones de 2023. La defensa de Muñoz argumentó que sus actividades proselitistas se realizaron fuera de su horario laboral, lo que, según ellos, le daba libertad para apoyar públicamente a su candidata. Sin embargo, el tribunal rechazó esta defensa, subrayando que la dignidad del cargo no se suspende al terminar la jornada laboral.
Esta nueva regla no solo afecta a Muñoz, sino que tiene implicaciones directas para todos los funcionarios públicos que participen en la contienda electoral de 2025. Autoridades como prefectos, alcaldes, concejales y el propio presidente Daniel Noboa deberán tomar precauciones para no infringir esta norma.
En el caso de Noboa, quien busca la reelección, deberá tomar licencia sin sueldo a partir del 5 de enero de 2025, cuando comience oficialmente la campaña. No obstante, desde la inscripción de su candidatura hasta esa fecha, deberá abstenerse de cualquier actividad proselitista que pueda ser considerada una utilización indebida de su cargo.
De igual forma, los legisladores que busquen la reelección estarán sujetos a esta regla. Por su parte, Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional y candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, deberá renunciar a su cargo un día antes de inscribir su candidatura, según lo estipulado por el reglamento electoral.
Esta decisión del TCE busca garantizar que las elecciones se desarrollen en un ambiente de igualdad y equidad, donde ninguna autoridad en funciones utilice su posición para influir en el voto de los ciudadanos, preservando así la integridad del proceso democrático.
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