El juez Guillermo Ortega, del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), aceptó tramitar la apelación presentada contra la decisión de inadmisión de una denuncia por violencia política de género contra Diana Jácome, asesora presidencial. La notificación de esta decisión fue emitida el miércoles 21 de agosto de 2024.
La denuncia original había sido rechazada por la jueza Ivonne Coloma, quien argumentó que el caso no correspondía a la jurisdicción del TCE. Sin embargo, la denunciante, Tamara Cedeño, exfuncionaria de la Vicepresidencia, apeló la decisión, lo que llevó al juez Ortega a aceptar el caso para su tramitación.
Cedeño presentó la denuncia el 4 de julio de 2024, alegando que fue destituida de su cargo como directora administrativa financiera de la Vicepresidencia tras ser vinculada públicamente por Jácome con Andrés Pasquel, quien había interpuesto una querella contra el presidente Daniel Noboa por presunta campaña anticipada. Según Cedeño, esta situación desencadenó su destitución, lo que ella considera un acto de violencia política de género.
Ortega, en su providencia, indicó que la jueza Coloma no podrá conformar el Pleno Jurisdiccional en este caso, dado que fue jueza de instancia. Por lo tanto, se ha convocado a su suplente para continuar con el proceso.
Esta no es la única denuncia contra Jácome en el TCE. La vicepresidenta Verónica Abad también ha presentado un recurso por violencia política de género contra ella. En respuesta, Jácome ha denunciado a Abad, argumentando que tiene derecho a defenderse de cualquier acto que atente contra su integridad y derechos políticos.
Jácome ha declarado ante los medios que no permitirá que se utilicen “mecanismos políticos” para silenciarla o intimidarla, refiriéndose a lo que califica como “la vieja política”. Además, acusó a Abad de estar respaldada por “abogados que defienden al narcotráfico” y cuestionó el momento de la denuncia, sugiriendo que fue hecha estratégicamente en vísperas de un proceso electoral.
El Código de la Democracia de Ecuador tipifica como violencia política de género cualquier amenaza o intimidación hacia mujeres que tenga como objetivo anular sus derechos políticos. Este delito conlleva sanciones que incluyen la pérdida de derechos políticos y una multa económica.
Este proceso subraya las tensiones en el ámbito político, especialmente en relación con la violencia política de género, un tema que ha cobrado relevancia en el contexto electoral actual.