El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su vicepresidenta, Verónica Abad, han mostrado un distanciamiento cada vez más marcado desde el inicio de su mandato, una situación que ha escalado con la proximidad de las elecciones de 2025, en las que Noboa buscará la reelección. La posibilidad de que Abad asuma la presidencia temporalmente durante la campaña de Noboa ha generado una crisis política en el país.
Las tensiones entre Noboa y Abad se intensificaron cuando la vicepresidenta acusó públicamente al presidente de hostigamiento y maltrato, denunciando que ha sido víctima de una campaña de persecución política. Abad también señaló que la detención de su hijo, Francisco Barreiro, bajo sospecha de tráfico de influencias, forma parte de esta supuesta persecución.
En respuesta, Noboa tomó medidas que muchos interpretan como un intento de mantener a Abad alejada de la política nacional, enviándola como embajadora a Israel. Sin embargo, estas acciones no han logrado contener la crisis.
El conflicto entre ambos líderes plantea serias dudas sobre la estabilidad del país en el período previo a las elecciones. Según la ley, Noboa deberá ceder el poder a Abad cuando entre en campaña electoral, lo que ha generado preocupación en el gobierno. Edison Guarango, abogado constitucionalista, afirmó que las opciones del gobierno para evitar que Abad asuma la presidencia son limitadas, sugiriendo que solo la renuncia de Abad podría evitar su ascenso al poder.
El fracaso del intento de la Asamblea Nacional de iniciar un juicio político contra Abad, y la negativa de la Procuraduría General del Estado de pronunciarse sobre la licencia de Noboa, reflejan la creciente debilidad política del gobierno.
En medio de este escenario, Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción electoral grave, acusando a Noboa y a otros altos funcionarios del gobierno. El TCE ha aceptado la denuncia y solicitado a Abad que aclare los fundamentos de su acusación.
El futuro político de Ecuador es incierto, con la crisis entre el presidente y la vicepresidenta como eje central de una situación que podría tener graves repercusiones para la gobernabilidad del país.
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