La fiscal general del Estado, Diana Salazar, defendió las recientes acciones de la Fiscalía, incluyendo los allanamientos a las oficinas de las juezas que concedieron un habeas corpus al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. En una entrevista con Ecuavisa, Salazar subrayó que la intervención fue una respuesta obligada ante denuncias de corrupción en el sistema judicial.
Salazar afirmó que la Fiscalía actuó conforme a su deber al allanar las oficinas de las juezas Enma Tapia y Katerine Muñoz, quienes ordenaron el traslado de Terán desde la cárcel de máxima seguridad La Roca a la Cárcel 4 en Quito. “No se trata de inconformidad con el fallo, sino de actuar frente a una denuncia presentada”, aclaró la fiscal, negando que la acción fuera una retaliación por el fallo.
Salazar también destacó que la preocupación de la Fiscalía no radica en el traslado de reclusos entre cárceles, sino en las denuncias que señalan posibles actos de corrupción dentro del sistema judicial. “Es nuestra obligación actuar cuando surgen tales denuncias”, añadió.
En relación con el caso Metástasis, en el que Terán está implicado, Salazar reveló que el exjuez sigue ejerciendo influencia dentro de la Cárcel 4. Según la fiscal, Terán ha liderado una campaña para evitar que otros procesados en el caso se acojan a procedimientos abreviados, ya que “él afirma de viva voz que aún mantiene el control de la Corte Nacional de Justicia”.
Salazar advirtió sobre el mensaje que Terán está enviando al sistema judicial, indicando que su control sobre la justicia sigue vigente y que cuenta con el respaldo de sus antiguos compañeros.
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