El gobierno de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega, ha decidido imponer el pago del impuesto a la renta a las iglesias y entidades religiosas, derogando su exención previa.
Además, ordenó el cierre de 151 ONG, intensificando el control sobre estas organizaciones. Esta medida se suma a la reciente cancelación de 1.500 organizaciones no gubernamentales, en su mayoría religiosas, lo que ha sido interpretado como un ataque directo a la sociedad civil.
Desde las protestas de 2018, el gobierno ha cerrado unas 5.300 organizaciones, justificando estas acciones como una respuesta a lo que considera un intento de golpe de Estado apoyado por las ONG y la Iglesia católica. Como parte de esta represión, la nueva normativa obliga a las ONG a trabajar únicamente en colaboración con entidades estatales.
Las reformas también incluyen la obligación para las iglesias de pagar impuestos de hasta el 30% de sus ingresos anuales, dependiendo del monto reportado. Expertos y líderes religiosos, como Martha Patricia Molina y José María Tojeira, han denunciado estas acciones como un intento de “ahogar financieramente a la Iglesia” y destruir toda posibilidad de religión independiente en Nicaragua.
La ONU ha expresado su profunda preocupación por estas medidas, calificándolas como un nuevo capítulo oscuro en la represión sistemática del régimen de Ortega. Estados Unidos y la Unión Europea han mantenido sanciones contra el círculo cercano a Ortega por graves violaciones a los derechos humanos, tanto durante las protestas de 2018 como en la actualidad.