Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, ha lanzado críticas al modelo de financiamiento electoral vigente en Ecuador, argumentando que ha contribuido al aumento del gasto público sin asegurar que las candidaturas reflejen verdaderamente los intereses de sus bases.
En una entrevista para Contacto Directo, Alarcón expresó que la normativa electoral y constitucional que regula los recursos de campaña no ha logrado evitar que grupos económicos poderosos accedan al poder. “Quienes más han gastado son los que han llegado al poder”, afirmó, señalando que el modelo de financiamiento público, establecido en la Asamblea Constituyente de Montecristi, no ha cumplido con su objetivo de impedir que “las grandes chequeras” dominen el escenario político.
Al referirse a los 17 candidatos que competirán por la presidencia en 2025, Alarcón sostuvo que el problema no es la cantidad de postulantes, sino la falta de representatividad real de partidos y movimientos políticos que respondan a sus bases. Este desajuste, argumentó, se traduce en un gasto público innecesario, ya que los fondos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) provienen de las arcas estatales. “Todos los ecuatorianos pagamos la actividad política”, subrayó.
Alarcón criticó que estos recursos públicos no estén siendo destinados a sectores prioritarios como salud o educación, sino que se utilicen para “articular la existencia de partidos o financiar aventuras políticas”. Como ejemplo, citó las elecciones generales de 2021, donde cada candidato presidencial recibió un presupuesto de USD 300,000 para su campaña en medios de comunicación.
El especialista contrastó los costos por voto entre el candidato más votado, Andrés Arauz, quien recibió aproximadamente USD 0.10 por voto, y Paúl Carrasco, quien ocupó el último lugar con un costo de USD 15 por voto. Este análisis, según Alarcón, evidencia la ineficacia del sistema de financiamiento público para garantizar una representación democrática auténtica.
El aumento del gasto público relacionado con el financiamiento de candidaturas sin respaldo de bases pone en evidencia la necesidad de una revisión profunda del modelo electoral en Ecuador, con el fin de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera más eficiente y que los candidatos realmente representen los intereses de sus electores.