Ruth Solano, exprocuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, denunció este lunes en su testimonio anticipado que ha sido objeto de persecuciones y presiones por parte de personal militar desde que fue procesada en el caso Purga. Solano afirmó que estos actos tienen como objetivo evitar que revele información clave en el juicio.
“Han ido a todas horas a decirme que no puedo decir lo que acabo de decir. Han estado instigándome al suicidio”, declaró Solano al finalizar su intervención. La exprocuradora señaló que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército recurrió a la red de Mayra Salazar y Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial del Guayas, en un intento desesperado por obtener un fallo judicial favorable en un litigio contra la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito (Epmmop) por un contrato de repavimentación valorado en USD 30 millones.
El contexto del caso
Según Solano, el contrato con la Epmmop fue terminado de manera unilateral, lo que colocaba al Cuerpo de Ingenieros del Ejército en riesgo de ser catalogado como contratista incumplido, una situación que les habría impedido contratar con el Estado por un período de cinco años. Esto, según su testimonio, habría tenido graves consecuencias para la entidad, que ya tenía previsto otros contratos con entidades estatales.
Ante esta situación, se presentaron dos acciones de protección en Quito y otra en Guayaquil, pero ninguna de ellas tuvo éxito. Finalmente, la apelación del recurso presentado en Guayaquil fue resuelta a favor del Cuerpo de Ingenieros del Ejército por un tribunal conformado por los jueces Guillermo Valarezo, Fabiola Gallardo, y Henry Taylor, quienes ahora están procesados en el caso Purga.
Acusaciones y sobornos
Solano está acusada de haber transferido USD 1,400 a Mayra Salazar para cubrir los costos de remodelación del piso de un salón en la Corte Provincial del Guayas, como parte de un acuerdo para asegurar el fallo favorable. Actualmente, Solano se encuentra recluida en la cárcel de Cotopaxi y ha solicitado su traslado a una prisión en Quito.
El caso Purga continúa revelando las complejidades de un sistema judicial presuntamente influenciado por redes de corrupción, mientras Solano se enfrenta a serias acusaciones y denuncia que su vida ha sido puesta en peligro por quienes buscan silenciarla.