Pabel Muñoz, alcalde de Quito, enfrenta un posible proceso de revocatoria de su mandato, tras ser notificado por Néstor Marroquín. Marroquín alega que Muñoz violó la Ley Electoral al involucrarse en la campaña presidencial de Luisa González mientras ocupaba el cargo de alcalde. Además, acusa a Muñoz de falta de obras y de una deficiente capacidad administrativa, razones que justifican su solicitud de revocatoria.
La Delegación del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Pichincha confirmó el 26 de agosto la aceptación a trámite de la solicitud. Muñoz tiene siete días para responder, tras lo cual el CNE dispondrá de un término similar para admitir o negar la revocatoria. Esta decisión podría llevar a Quito a un cambio en su administración municipal.
El proceso se encuentra en la etapa de revisión de requisitos de admisibilidad, conforme a lo establecido por la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. La Delegación Provincial de Pichincha ha notificado al alcalde sobre el ingreso de la solicitud, junto con el expediente correspondiente. El siguiente paso depende del CNE.
Si el CNE decide continuar con la revocatoria y esta prospera, Muñoz sería destituido inmediatamente, y la vicealcaldesa asumiría el cargo. Aunque esto podría implicar una continuidad en los proyectos actuales, la dinámica política podría cambiar rápidamente, ofreciendo una oportunidad a opositores al correísmo de posicionarse para futuras elecciones municipales. Además, la destitución podría desencadenar un periodo de inestabilidad en el Concejo Metropolitano, afectando la cohesión necesaria para aprobar proyectos clave para la ciudad.
Por otro lado, si la revocatoria no prospera y Muñoz mantiene su cargo, enfrentará el reto de recuperar la confianza ciudadana, erosionada por la percepción de inacción en temas críticos como movilidad y seguridad. Para mejorar su posición, deberá destacar sus logros y corregir los errores que han sido objeto de críticas. En este escenario, Muñoz podría volverse más reactivo que proactivo, enfocado en proteger su imagen y asegurar su supervivencia política, lo que podría llevar a una administración más preocupada por gestos superficiales que por soluciones sostenibles a los problemas de la ciudad.
La decisión del CNE será crucial para determinar el futuro de la administración municipal de Quito y el rumbo político de la capital.