El proceso por la denuncia de violencia política presentada por la vicepresidenta Verónica Abad se encuentra temporalmente frenado tras la recusación del juez Fernando Muñoz, quien estaba a cargo del caso en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La recusación fue presentada por Diana Jácome, asesora de la Presidencia, con el objetivo de apartar a Muñoz de la causa.
El TCE informó que, como consecuencia de la recusación, el juez Muñoz decidió suspender los plazos y términos de la tramitación del caso hasta que se resuelva la petición de recusación. El 28 de agosto de 2024, Muñoz ordenó remitir el expediente completo a la Secretaría del Tribunal para que se sortee un nuevo juez, quien decidirá si la recusación es aceptada.
El pasado 8 de agosto, Verónica Abad presentó una denuncia por supuesta infracción electoral grave contra el presidente Daniel Noboa; la canciller Gabriela Sommerfeld; el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres; y la asesora Diana Jácome. Abad, quien fue enviada como embajadora a Israel en diciembre de 2023, acusa a la Cancillería de negarle un permiso de cinco días para atender asuntos familiares y de salud, lo que considera una maniobra del Ejecutivo para impedirle asumir la presidencia en caso de que Noboa solicite licencia para su campaña de reelección.
En su denuncia, Abad solicita una multa de 70 salarios básicos unificados (USD 32.200) para los denunciados y, en el caso del presidente Noboa, pide su destitución y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años.
El 23 de agosto, el juez Muñoz admitió a trámite la denuncia y dispuso la citación de los implicados, con una audiencia de prueba programada para el 12 de septiembre. Sin embargo, el citador del Tribunal informó que, si bien se logró notificar a Torres, Sommerfeld y Jácome, no fue posible citar al presidente Noboa, según consta en el auto de sustanciación del TCE.
Los motivos de la recusación presentada por Diana Jácome no fueron especificados en el portal del TCE, pero este tipo de solicitudes suelen presentarse cuando se duda de la imparcialidad del juez a cargo. Ahora, el proceso queda en espera de la designación de un nuevo juez que determine si la recusación procede, lo que definirá el curso de la denuncia de Abad.