Desde la cárcel, Wilman Terán, expresidente de la Judicatura, ha presentado dos acciones de protección contra los canales de televisión Teleamazonas y Ecuavisa. Terán, procesado en los casos Metástasis e Independencia Judicial, argumenta que sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural y sin censura, han sido vulnerados por estos canales. Su queja se centra especialmente en los segmentos de noticias que ofrecieron entrevistas a Diana Salazar, fiscal general del Estado.
Terán sostiene que los canales han infringido el artículo 19 de la Constitución, que prohíbe la publicidad que incite a la violencia, discriminación, racismo, toxicomanía, sexismo, intolerancia religiosa, política, y cualquier otra que contravenga los derechos. En su caso, afirma que las entrevistas concedidas a Salazar han permitido la difusión de comentarios y acusaciones infundadas en su contra, fomentando animadversión y odio hacia él.
En su demanda contra Ecuavisa, Terán solicita que Carlos Rojas le entreviste para ejercer su derecho a la réplica. Esta demanda está en manos del Tribunal de Garantías Penales de Iñaquito, conformado por los jueces Galo Ramiro Rumiguano Urbano (ponente), Pablo Marcelo Coello Serrano y Milton Iván Maroto Sánchez.
La petición contra Teleamazonas aún no ha sido ingresada al Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE). No obstante, la juez Margarita Judith Ortega Galarza, de la Unidad Judicial contra la Violencia a la Mujer en Quito, resolverá este caso, en reemplazo de María Castro Torres.
Además, Terán menciona el habeas corpus correctivo relacionado con su situación. La Corte Nacional, a través de las juezas Enma Tapia y Katherine Muñoz, dictó una decisión que permitió su reclusión en la Cárcel 4 en Quito, tras reconocer violaciones a su integridad en prisión. Terán denuncia que ha sido objeto de pseudojuicios mediáticos.
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