Representantes de las comunidades kichwas y waoranis del cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, presentarán el próximo 6 de septiembre de 2024 una acción de protección ante la Corte Constitucional en contra del cierre del bloque 43-ITT, conocido como el campo petrolero ITT. Estas comunidades, que se consideran beneficiarias directas de la explotación petrolera, buscan defender lo que consideran sus derechos vulnerados.
El grupo de indígenas iba a entregar la acción de protección a la Corte el 3 de septiembre, pero un trágico accidente de tránsito en la vía Pifo-Papallacta retrasó el proceso. En el accidente, un autobús que transportaba a miembros de la comuna Waorani Kawimeno sufrió un siniestro, dejando un saldo de nueve fallecidos y más de una decena de heridos, según el Cuerpo de Bomberos de Quito.
Pese a esta tragedia, alrededor de 60 personas de las comunas kichwas Boca Tiputini y Puerto Miranda, junto con la Organización de Comunas Kichwas de Aguarico, lograron llegar a Quito y se reunieron con representantes del Gobierno en una sede de Petroecuador. En el encuentro participaron Andrés Vásconez, subsecretario de Articulación Intragubernamental del Ministerio de Gobierno; Valeria Arroyo, asesora del Ministerio de Energía y Minas; y Nuvia Vega, gobernadora de Orellana.
Durante la reunión, los líderes indígenas expresaron su rechazo al cierre del bloque 43-ITT, que comenzó el 28 de agosto con la clausura del primero de los 247 pozos que serán desactivados. Lauro Papa, presidente de la Organización de Comunas Kichwas de Aguarico, argumentó que sus derechos fueron “violentados” por la consulta popular de agosto de 2024, en la cual la mayoría de ecuatorianos votó a favor de dejar el petróleo bajo tierra en el campo ITT.
“La Corte no cumplió con la Constitución. Solo las personas que somos del territorio debíamos decidir. Nuestra lucha será incansable”, afirmó Papa. También criticó al colectivo ambientalista Yasunidos, acusándolos de no consultar con las comunidades locales antes de impulsar la consulta popular y de actuar como “entrometidos” en su territorio.
Papa señaló que las comunidades indígenas de Pastaza, que apoyan el cierre del ITT, están siendo “manipuladas” por Yasunidos, y enfatizó que los más de 6.000 habitantes del cantón Aguarico son beneficiarios de la explotación petrolera, no solo las comunidades de influencia directa.
La presentación de la acción de protección busca revertir la decisión de cerrar el campo petrolero y garantizar que las comunidades locales tengan un papel central en las decisiones que afectan su territorio y su futuro económico.
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