Ingenieros y empresas contratistas de obras públicas en Guayaquil denuncian un creciente esquema de extorsión que pone en jaque el desarrollo de proyectos cruciales en la ciudad. Bandas criminales exigen pagos mensuales que oscilan entre los USD 4.000 y USD 8.000 para permitir la continuidad de las obras, además de imponer cuotas de empleados locales, lo que encarece y retrasa los trabajos.
Este esquema, que afecta a proyectos en sectores vulnerables y de alta conflictividad, como Nueva Prosperina, se ha extendido a casi toda la ciudad, según el Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas. Las empresas se ven obligadas a financiar a las bandas delictivas, con un impacto directo en los plazos y los costos de las obras.
Los efectos de la extorsión no solo afectan el ámbito de la construcción, sino que agravan la ya compleja situación de inseguridad en Guayaquil. Dos ingenieros civiles fueron asesinados en Flor de Bastión en una obra contratada por el Municipio, lo que revela el alto riesgo que enfrentan los profesionales del sector.
Las mafias no solo exigen dinero, sino que también imponen trabajadores en los proyectos, lo que inflaciona los costos operativos. A pesar de estas circunstancias, el Municipio de Guayaquil insiste en que la extorsión no debe ser una excusa para suspender obras, exhortando a las empresas a denunciar ante la Policía Nacional y la Fiscalía.
Guillermo Pacheco, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas, critica que el Municipio se desentienda del problema, argumentando que las empresas conocían los riesgos de operar en zonas conflictivas. Además, recalca que la ausencia de una estrategia de seguridad coordinada con la Fuerza Pública ha permitido que el problema de las ‘vacunas’ se dispare.
“El pago no garantiza seguridad”, advierte Pacheco, quien asegura que las bandas criminales poseen información detallada sobre los contratos y accionistas, lo que sugiere una posible complicidad de funcionarios públicos.
Pacheco propone la creación de un sistema de seguridad interinstitucional que involucre tanto a la seguridad pública como a empresas privadas, con el objetivo de brindar protección armada a los contratistas en zonas de riesgo. De no implementarse soluciones efectivas, las obras públicas seguirán alimentando indirectamente a las bandas criminales.
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