El jueves 12 de septiembre de 2024, Estados Unidos impuso sanciones a 16 funcionarios venezolanos, incluidos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Estas sanciones se deben a su papel en la proclamación “falsa” de la victoria del presidente Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre los sancionados se encuentran Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo; Antonio José Meneses, secretario general del CNE; y Pedro Infante Aparicio, vicepresidente de la Asamblea Nacional.
El secretario de Estado, Antony Blinken, expresó en un comunicado que, en lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano, Maduro y sus representantes “han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder”.
El Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras contra estos 16 funcionarios “afines a Maduro”, acusándolos de “impedir un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”. Además, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos de los funcionarios responsables de socavar el proceso electoral en Venezuela y de actos de represión.
Con estas nuevas medidas, el número total de funcionarios venezolanos sancionados por el Tesoro estadounidense supera los 140, y cerca de 2,000 personas están sujetas a restricciones de visado por parte del Departamento de Estado.
Blinken advirtió que “Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela”.
El CNE proclamó la reelección de Maduro sin publicar las actas de votación, mientras que la oposición reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien recientemente solicitó asilo en España.