Paola Cabezas, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), ha presentado una queja formal contra Inés Alarcón, del bloque oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), ante el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) de la Asamblea Nacional. La queja, presentada el 13 de septiembre de 2024, señala que Alarcón ha incurrido en una presunta falta administrativa grave, conforme al artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
Según esta ley, las faltas administrativas graves se sancionan con una suspensión sin remuneración de entre nueve y treinta días. En su queja de 15 páginas, Cabezas acusa a Alarcón de violar el numeral 1 del artículo 170, que prohíbe agredir verbalmente a otros asambleístas o servidores parlamentarios, y el numeral 3, que prohíbe el uso indebido de las instalaciones de la Asamblea y sus símbolos para actos ajenos a su función y que perjudiquen el prestigio de la institución.
La denuncia de Cabezas se produce poco después de la derrota del correísmo en la Comisión de Fiscalización y en el pleno de la Asamblea, donde se archivó el juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar. En respuesta a la solicitud de sanción, Inés Alarcón declaró: “¡Como gran novedad quieren meternos miedo!” y cuestionó si la sanción pretendía afectar la institucionalidad de la Asamblea o impedir la investigación de casos relevantes.
Alarcón argumentó en sus redes sociales que la queja de Cabezas parece un intento desesperado por detener las indagaciones sobre el tráfico de combustibles y la posible manipulación de datos de homicidios durante el gobierno de Rafael Correa. Calificó los argumentos de Cabezas como “risibles desde todo punto de vista.”