Era la tarde del 3 de septiembre de 2024 cuando J. P. P. P., residente de un conjunto habitacional en Alangasí, salió de su casa y se dirigió a una zanja de un metro de profundidad en un camino rural, donde arrojó una maleta. El informe pericial de georreferenciación determinó que la zanja estaba a 300 metros de su vivienda.
Después del incidente, J. P. P. P. se cambió de ropa en un parque cercano y volvió a su hogar. Una mujer que trabajaba en la zona vio al joven, pero no prestó atención a lo que hacía. Al día siguiente, supo que habían encontrado el cuerpo de una mujer en una maleta negra. En una entrevista con agentes de Criminalística, la testigo detalló lo que había presenciado.
El 5 de septiembre, J. P. P. P. le dijo a su familia que su madre había viajado en un bus interprovincial a Cotacachi y Otavalo y que no había regresado. El 6 de septiembre de 2024, se acercó a la Fiscalía para denunciar su desaparición. Ese mismo día, fue a Medicina Legal para identificar el cuerpo de una mujer hallado en la zanja de Alangasí, reconociéndola como su madre, G. S. P. M., de 53 años. Repitió la misma historia que había contado a su familia.
Con la investigación en marcha, y basándose en el testimonio de la testigo y el reconocimiento del cadáver, se revisaron las cámaras de seguridad del sector. Doce de estos videos captaron el trayecto de J. P. P. P. mientras se deshacía de la maleta negra que contenía el cuerpo de su madre.
Ante la creciente evidencia en su contra, la Fiscalía descubrió que J. P. P. P. planeaba abandonar el país. Se solicitó una orden de allanamiento y detención, que fue ejecutada el 13 de septiembre de 2024. En la vivienda, se incautaron unos zapatos que coincidían con los que llevaba el hombre arrastrando la maleta en los videos.
Causa de la muerte
El informe de la autopsia concluyó que la mujer murió por asfixia causada por estrangulación, presentando también signos de violencia en el cuello y el tórax.
En la audiencia de formulación de cargos, la jueza ordenó prisión preventiva para J. P. P. P., basándose en el relato presentado por la Fiscalía. La instrucción por asesinato durará 90 días.
Dato:
El artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, reformado en julio de 2024, sanciona con prisión de 26 a 30 años a quien mate a un ascendiente, colocando a la víctima en estado de indefensión.