En medio de la crisis eléctrica que afecta a Ecuador, dos de los mayores proyectos de energías renovables no convencionales, Villonaco III (Loja) y El Aromo (Manabí), que podrían aportar 800 megavatios, permanecen sin avances significativos en su construcción, a pesar de haber sido adjudicados en 2020.
Estos proyectos estaban previstos para operar desde 2022, según el Plan Maestro de Electricidad de 2018. Sin embargo, para septiembre de 2024, cuando el país enfrenta apagones programados debido a la grave sequía, su construcción sigue sin iniciarse.
El Gobierno de Daniel Noboa ha asegurado que ambos proyectos entrarán en funcionamiento en 2025 o a más tardar en los primeros meses de 2026, según el Plan Maestro de 2024. Estos proyectos, adjudicados a empresas privadas, no demandarán recursos públicos. Villonaco III tiene una capacidad de 110 megavatios, y El Aromo, 200 megavatios.
El especialista en el sector eléctrico, Ricardo Buitrón, señala que la principal causa del retraso ha sido la indefinición del mecanismo de pago a las empresas privadas encargadas de la construcción y operación de las centrales. Aunque inicialmente se estableció un fideicomiso para garantizar estos pagos, la oposición de gremios sindicales de empresas públicas de distribución impidió su implementación.
El ministro de Energía, Antonio Gonçalves, reconoció que este obstáculo ha retrasado la construcción no solo de Villonaco III y El Aromo, sino también de otros proyectos, como el parque fotovoltaico Conolophus en Galápagos y nueve proyectos más, conocidos como el Bloque 1 de Energías Renovables, que sumarían 500 megavatios adicionales.
De haber estado en funcionamiento, estas plantas habrían sido un valioso aporte en un momento crítico. Actualmente, el embalse de Mazar, fundamental para la generación hidroeléctrica, pierde un metro de agua por día, acercándose peligrosamente a su nivel crítico.
Diego Morales, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos del Azuay, señala que, aunque la generación de energías renovables no siempre es constante, debido a factores como la cantidad de sol o viento disponible, su presencia habría ayudado a reducir el consumo de agua en los embalses hidroeléctricos.
El Gobierno ha obtenido una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para modificar la prelación de pagos a las empresas privadas y asegurar el flujo de recursos. Esta garantía implica un acuerdo de compra de energía (PPA), que prioriza los pagos a las empresas privadas por sobre las distribuidoras públicas.
Con este nuevo mecanismo, se espera que las adendas a los contratos de inversión de estos proyectos se firmen antes de fin de mes, lo que finalmente permitiría avanzar en la construcción.