El presidente Daniel Noboa, mediante el Decreto 397 firmado el 18 de septiembre de 2024, dispuso que las cámaras de seguridad operadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) sean transferidas al control del Servicio Integrado de Seguridad ECU-911. La medida busca centralizar y mejorar la gestión de la seguridad ciudadana en el país.
El decreto establece que todos los sistemas de videovigilancia de los GAD, así como las plataformas vinculadas a la seguridad ciudadana, deberán interoperar con el ECU-911, que será el único organismo encargado de gestionar estos sistemas, incluidos los centros de procesamiento de datos relacionados.
El objetivo de esta disposición, según lo detallado en el decreto, es “garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía” y evitar su uso indebido. Se aclara que la videovigilancia solo se aplicará en casos donde existan indicios razonables de la comisión de un delito.
Además, el decreto instruye al ECU-911 a implementar un sistema moderno y unificado de videovigilancia en tiempo real, que incluya analítica de datos, reconocimiento facial y de placas de vehículos. El Ministerio de Economía y Finanzas deberá asignar los recursos necesarios para poner en marcha este plan.
El ECU-911 también será responsable de autorizar la contratación de cualquier sistema o plataforma vinculada a la seguridad ciudadana. Los ministerios del Interior, de Telecomunicaciones y el propio ECU-911 están facultados para emitir la normativa complementaria que regirá esta nueva disposición.
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