El secretario General de Integridad Pública, José Julio Neira, defendió la suspensión de al menos 11 gasolineras de la empresa Copedesa, asociada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tras denuncias de irregularidades en la venta de combustibles. Neira informó que el perjuicio económico causado por estas acciones asciende a aproximadamente USD 94 millones.
En un video publicado en redes sociales el 20 de septiembre de 2024, Neira explicó que las gasolineras denunciadas estaban involucradas en la compra de diésel subsidiado que debía ser destinado a sectores específicos, como el automotriz, industrial o naviero. Sin embargo, se desvió hacia otros segmentos, lo que perjudicó al Estado.
El secretario detalló que se identificó el desvío de diésel subsidiado de la distribución de Gasquil S.A. a la comercializadora Corpalubri S.A., que opera en el segmento industrial. “Esto beneficiaba a los accionistas de las empresas denunciadas del grupo Alba3”, aseguró Neira.
Para determinar el impacto económico, se analizaron dos variables: la diferencia entre el precio de diésel subsidiado y el no subsidiado, multiplicada por el volumen de galones vendidos entre 2021 y 2023. Este análisis arrojó la cifra de USD 94 millones en perjuicio al Estado ecuatoriano.
Neira rechazó las afirmaciones del alcalde Álvarez, quien sostiene que se trata de una persecución política. “No es una persecución política. El acto ilícito fue cometido por un ciudadano sin afiliación política que aprovechó la corrupción en el viejo Ecuador”, enfatizó el funcionario.
Como resultado de esta investigación, el Gobierno ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y el caso ha sido denominado “Triple A”.