Alexis Andrés Verduga Shaoul, de 54 años, fue asesinado junto a dos de sus custodios en un violento ataque registrado la tarde del lunes frente al Teatro Centro de Arte, ubicado en la vía a Daule, al norte de Guayaquil. Verduga arrastraba un proceso judicial por lavado de activos desde 2013, y se encontraba bajo medidas sustitutivas a la prisión.
El empresario fue interceptado mientras se trasladaba en un vehículo de alta gama, que se convirtió en el escenario de un brutal tiroteo. Según reportes preliminares, varios individuos armados abrieron fuego, provocando la muerte inmediata de sus dos escoltas y dejando a Verduga gravemente herido. A pesar de ser trasladado al Hospital de Los Ceibos, falleció horas después debido a la gravedad de sus heridas.
Verduga Shaoul, quien portaba una credencial como director de la supuesta empresa inmobiliaria Altos de Colonche, mantenía desde hace más de una década un proceso legal por lavado de activos. La compañía, sin embargo, no consta en los registros de la Superintendencia de Compañías, lo que ha generado más sospechas sobre su actividad empresarial. Además, tres coacusados en el mismo caso tienen difusión roja de Interpol desde enero de 2023, lo que refuerza la complejidad de la investigación.
El ataque a Verduga no es un hecho aislado, sino parte de un preocupante patrón de violencia que afecta a Guayaquil, donde las disputas entre grupos criminales y redes de lavado de dinero han escalado en los últimos años. Su asesinato, ejecutado con precisión y en un lugar céntrico, refleja la capacidad operativa de las organizaciones delictivas que controlan buena parte del crimen organizado en la región.
Las autoridades no descartan que este crimen esté relacionado con ajustes de cuentas vinculados a las investigaciones de lavado de activos en las que Verduga estaba implicado. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre posibles detenciones, y la Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque.
Verduga gozaba de medidas sustitutivas a la prisión, por lo que debía presentarse periódicamente ante un juez. La última vez que cumplió con esta obligación fue el pasado 29 de agosto en Guayaquil. Su historial delictivo, sumado al modo de ejecución de su asesinato, ha encendido las alarmas sobre la escalada de violencia en la ciudad, que se ha convertido en uno de los epicentros de la inseguridad en el país.