El Consejo de la Judicatura (CJ) continúa con las destituciones de jueces implicados en el caso Plaga. Este jueves 3 de octubre de 2024, el Pleno del CJ destituyó a cinco jueces y una secretaria de la Corte Provincial de Justicia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Estos funcionarios son investigados por delincuencia organizada y por haber beneficiado a procesados penales a cambio de pagos que alcanzaban hasta los 60 000 dólares. La Fiscalía ya procesa a 31 personas en este caso, la mayoría de ellos jueces y funcionarios judiciales.
Los jueces destituidos incurrieron en infracciones disciplinarias graves, como solicitar o recibir dinero, bienes o favores, lo que compromete su imparcialidad como servidores judiciales, señaló el CJ. Cuatro de los jueces destituidos pertenecían a Santo Domingo de los Tsáchilas, mientras que uno era de El Oro.
Además, la secretaria destituida también forma parte de la misma Corte en Santo Domingo.
El caso Plaga ha destapado una red de corrupción en el sistema judicial, con jueces involucrados en la liberación de personas a cambio de dinero. Anteriormente, el 24 de septiembre de 2024, el CJ destituyó a un juez que, según las investigaciones, habría recibido 70 000 dólares para favorecer a integrantes del grupo criminal Los Lobos.
Estas destituciones son parte de un esfuerzo para depurar el sistema judicial y asegurar la transparencia en los procesos penales.
En el marco del caso Plaga, la Fiscalía ha detenido a al menos 13 personas vinculadas con una presunta red de delincuencia organizada, que incluía jueces, funcionarios judiciales, policías, y abogados. Estas personas habrían utilizado argucias legales para liberar a individuos peligrosos mediante el abuso de acciones constitucionales, a cambio de pagos que podían alcanzar hasta $60,000.
Entre los detenidos destacan Simón Oswaldo G., exjuez; Joffre Javier R. R., también exjuez; Gary Fabricio P., secretario de juzgado; y María José L., funcionaria judicial, entre otros. La mayoría de los arrestos se efectuaron en provincias como Manabí, El Oro, y Santo Domingo de los Tsáchilas. El caso implica a 31 personas en total, de las cuales la mayoría son funcionarios judiciales.
Esta operación, que abarca múltiples provincias, tiene como objetivo frenar la corrupción en el sistema judicial, donde se otorgaban beneficios a personas procesadas penalmente a cambio de dinero.
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