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ESTADOS UNIDOS PROHÍBE LA ENTRADA A RAFAEL CORREA Y SU FAMILIA POR ACTOS DE CORRUPCIÓN: “¡NO HAY DERECHO!”, RECLAMA EL EXPRESIDENTE

Nacional
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El exmandatario de Ecuador, Rafael Correa, expresó su indignación este miércoles tras la prohibición del gobierno de Estados Unidos de permitir su ingreso al país, extendiendo esta restricción también a su esposa Anne Malherbe y a sus hijos mayores de edad. Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, calificó la medida como injusta y vinculó esta acción a una persecución política en su contra.

A través de sus redes sociales, Correa reiteró su inocencia respecto a la condena de ocho años de prisión que le fue impuesta en 2020 por el delito de cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, donde se le acusó de haber influenciado a funcionarios para aceptar sobornos a cambio de contratos gubernamentales. El expresidente argumentó que “cinco países han otorgado asilo político a los implicados en este caso”, subrayando que la sentencia se basó en un supuesto “influjo psíquico”, lo que, según él, no ha sido aceptado en ninguna otra nación.

La prohibición de entrada a Estados Unidos también afecta al exvicepresidente Jorge Glas, quien se encuentra encarcelado en Ecuador tras su detención en la embajada de México en Quito en abril de 2024. Glas había solicitado asilo diplomático antes de su captura, enfrentando varias condenas por casos de corrupción, incluidas sentencias relacionadas con la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016 y el escándalo Odebrecht.

El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Matthew Miller, aseguró en un comunicado que tanto Correa como Glas “abusaron de sus cargos públicos” al aceptar sobornos, lo que motivó la decisión de negarles la entrada al país. La embajada de Estados Unidos en Ecuador también señaló que esta prohibición se extiende a los familiares directos de ambos exfuncionarios, en el caso de Correa a su esposa e hijos, mientras que para Glas incluye a su esposa, Cinthia Díaz, y a su hijo.

Correa ha residido en Bélgica desde el final de su mandato, país que le concedió asilo político en 2022, pese a las solicitudes de extradición emitidas por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Desde su exilio, el expresidente ha insistido en que es víctima de “lawfare”, un término que describe la judicialización de la política para neutralizar a adversarios. Glas, quien también se ha declarado perseguido político, había sido liberado temporalmente en 2022 gracias a una polémica resolución judicial, cuyo responsable fue condenado posteriormente por prevaricato.

La medida tomada por Estados Unidos genera tensiones en el entorno político y diplomático de Ecuador, marcando un nuevo episodio en el complejo historial judicial de las figuras más prominentes del correísmo.

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