La Ley para la Mejora Recaudatoria mediante el Combate al Lavado de Activos, conocida popularmente como Ley Antipillos, fue publicada este martes 10 de diciembre de 2024 en el Registro Oficial, a pesar de haber sido negada y archivada en primer debate por la Asamblea Nacional.
La normativa, impulsada por el presidente Daniel Noboa a través de un decreto emitido en la víspera, busca establecer medidas como el impuesto a la compra y venta de vehículos de más de USD 50 000 y la conversión de clubes deportivos en sociedades anónimas. Sin embargo, su promulgación ha desencadenado un enredo jurídico que divide opiniones entre expertos y actores políticos.
El origen del conflicto
El Ejecutivo considera que la Asamblea cometió un error al archivar la ley en el primer debate, ya que, al tratarse de un proyecto económico urgente, debía ser sometido a al menos dos debates, según el artículo 137 de la Constitución. Por esta razón, el Gobierno procedió con su promulgación.
Por su parte, la Asamblea defiende su decisión basándose en el artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el artículo 140 de la Constitución, que le otorgan la facultad de archivar proyectos en el primer debate. Según el secretario del Parlamento, Alejandro Muñoz, el Legislativo activará una demanda de inconstitucionalidad contra la publicación de la ley.
Opiniones divididas
El jurista Gonzalo Muñoz respalda la postura de la Asamblea y señala que es la primera vez, desde la vigencia de la Constitución de 2008, que un Gobierno desconoce el archivo de un proyecto de ley aprobado por el Parlamento.
En contraste, el exsecretario de la Asamblea, Pablo Santillán, apoya la acción del Presidente y argumenta que el artículo 137 de la Constitución exige dos debates para cualquier proyecto de ley. Santillán también menciona que este tipo de conflictos ya fueron abordados por la Corte Constitucional en 2023, cuando analizó decretos ley emitidos tras la muerte cruzada del expresidente Guillermo Lasso.
La Corte Constitucional como árbitro
Ante la polarización, los juristas coinciden en que será la Corte Constitucional la que deberá resolver el conflicto. Este caso se suma a los desafíos que enfrenta el Gobierno de Noboa en su intento por implementar reformas económicas y combatir el lavado de activos.
Por ahora, la Ley Antipillos queda publicada y en vigencia, mientras el debate jurídico continúa, ampliando las tensiones entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
Comments are closed