La presidenta Dina Boluarte encendió el debate público al proponer el restablecimiento de la pena de muerte para violadores de menores de edad, una medida que fue abolida en el país en 1979 y que anteriormente se reservaba para delitos como traición a la patria y homicidio agravado.
La mandataria expresó su indignación tras el caso de una niña de 12 años que fue violada y asesinada en un barrio de Lima. El cuerpo de la menor fue encontrado el pasado domingo, envuelto en sábanas y alfombras debajo de la cama del presunto agresor, quien fue detenido por la policía.
“No podemos permitir que este tipo de criminales sigan en las calles o tengan algún tipo de beneficios”, declaró Boluarte. “No debemos tener ningún tipo de contemplación con quienes se atreven a tocar a nuestros niños, que son lo más sagrado, lo más intocable para nuestras familias peruanas”, añadió.
El planteamiento de la presidenta implicaría una reforma constitucional que debe ser aprobada por el Congreso. Sin embargo, el camino para reintroducir la pena capital enfrenta desafíos significativos, ya que Perú ha asumido compromisos internacionales en defensa de los derechos humanos y contra este tipo de castigos.
La propuesta de Boluarte ha generado opiniones divididas. Mientras algunos sectores aplauden la iniciativa como una respuesta contundente contra los delitos sexuales, otros advierten que podría contravenir tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es signatario.
El tema se suma a una lista de desafíos sociales y jurídicos que enfrenta el país, en un momento donde el clamor ciudadano por justicia y seguridad está en aumento.
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