El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció cambios significativos en el manejo de los indultos presidenciales, derogando cinco decretos emitidos por el expresidente Guillermo Lasso. La decisión busca evitar que “jueces corruptos” utilicen estos decretos para liberar a delincuentes sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Mediante un comunicado emitido el jueves 23 de enero de 2025, la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia explicó que, a partir de ahora, cada solicitud de indulto será analizada individualmente. Esto tiene como objetivo garantizar un control riguroso y evitar el uso indebido de los beneficios.
Medidas clave del Decreto Ejecutivo 511:
- Los servidores públicos que hayan facilitado beneficios a personas privadas de libertad de manera irregular serán responsables administrativa y penalmente.
- La derogatoria no será retroactiva, lo que significa que no afectará a aquellos presos que cumplieron con los requisitos de los decretos anteriores.
Entre los decretos derogados se contemplaban indultos para personas condenadas por contravenciones de tránsito, presos con enfermedades catastróficas, tuberculosis multidrogoresistente y/o coinfección TB-VIH, así como para quienes habían cumplido al menos el 40% de su pena por delitos como robo, hurto, estafa y abuso de confianza.
Las condiciones para acceder a estos beneficios incluían no contar con otras condenas ni medidas cautelares, no estar involucrado en procesos penales, no haber recibido sanciones desde el ingreso a prisión y no haber cometido delitos imprescriptibles.
Compromiso contra la corrupción
El Gobierno subrayó que no tolerará decisiones judiciales basadas en “pretextos o argumentos engañosos” para liberar a delincuentes, enfatizando que los indultos deben cumplir estrictamente con los requisitos establecidos.
Esta medida es parte del esfuerzo del presidente Noboa por reformar el sistema de justicia y garantizar que los beneficios legales no sean usados como herramienta de corrupción. La decisión también responde a la creciente preocupación por la inseguridad y el mal manejo de recursos judiciales en el país.
El anuncio marca un paso hacia una mayor transparencia en el sistema penitenciario y en la gestión de los indultos, alineándose con las promesas del mandatario de combatir la corrupción y fortalecer la institucionalidad en Ecuador.