El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece nuevas restricciones para las personas transgénero en el sistema penitenciario y centros de detención migratoria. La medida, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, obliga a las prisiones federales a alojar a mujeres trans en instalaciones para hombres y prohíbe cualquier tratamiento médico relacionado con la transición de género.
La orden define el género únicamente según el sexo asignado al nacer, una postura que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos. Shannon Minter, directora legal del National Center for Lesbian Rights, calificó la política como peligrosa, afirmando que “incrementará los riesgos de abuso sexual y agresiones físicas contra una población ya extremadamente vulnerable”. Según datos del Buró de Prisiones, en las cárceles federales actualmente hay aproximadamente 1,500 mujeres trans y 750 hombres trans.
La decisión de Trump revive y amplía políticas similares de su primer mandato, pero podría enfrentar desafíos legales. Tribunales federales han establecido en el pasado que los sistemas penitenciarios tienen la obligación de garantizar la seguridad y el acceso a atención médica adecuada para los presos.
Mientras tanto, activistas y grupos de defensa de los derechos transgénero han advertido que esta medida podría exacerbar la discriminación y violencia que ya enfrenta esta comunidad en las prisiones. El debate sobre esta controvertida política también resalta las tensiones persistentes en torno a los derechos humanos y la igualdad de género en Estados Unidos.
La medida se produce en un contexto de polarización política y cultural sobre los derechos de las personas trans, lo que sugiere que el impacto y las posibles consecuencias legales de la orden ejecutiva serán un tema de discusión en los próximos meses.