Las listas de candidatos a asambleístas nacionales para las elecciones de 2025 incluyen aspirantes con antecedentes judiciales, deudas tributarias y patrimonios fluctuantes. Entre ellos se encuentra Armando Flor Izaguirre, implicado en el caso Metástasis, quien evita un proceso penal gracias a la inmunidad electoral que otorga el Código de la Democracia.
No es el único caso. Álex Bósquez Cáceres (PSP) y Sergio Peña Veloz (RC-RETO) también enfrentan procesos judiciales activos. En total, 21 de los 180 candidatos nacionales (un 11%) han sido investigados penalmente, algunos con condenas previas o sobreseimientos.
Además de las causas judiciales, se han identificado aspirantes con deudas ante el SRI y patrimonios que han experimentado incrementos poco justificados. Entre los partidos con candidatos en estas condiciones están ADN, PSC, PID, ID, PSP, RC-RETO, SUMA, Centro Democrático, Amigo y Unidad Popular.
Mientras la normativa impide que sean procesados hasta la proclamación de resultados, una vez electos, los asambleístas contarán con fuero nacional, lo que podría dificultar el avance de las investigaciones en su contra.